De la crisis bancaria de los 90 a UENO BANK: ¿aprendimos la lección?

Treinta años después, Paraguay tiene mejores leyes e instituciones. El desafío es transformar la experiencia en prevención, prudencia, educación financiera y mejores decisiones sobre los recursos que
pertenecen a todos.
Hay temas que parecen reservados a economistas, banqueros o especialistas hasta que un día nos afectan directamente el bolsillo. Cuando una institución financiera entra en dificultades, deja de ser un asunto
exclusivamente bancario. Detrás están los ahorros de una familia, el salario de un trabajador, el capital de un emprendedor, los aportes de quien espera una jubilación y, cuando existen depósitos del sector público, recursos que pertenecen a toda la sociedad.
Lo ocurrido con UENO BANK volvió a poner estas cuestiones en la conversación de los paraguayos. En mi caso, además, despertó recuerdos profesionales de una etapa que marcó profundamente nuestra historia financiera.
En 1997 me tocó trabajar desde la Superintendencia de Bancos en tareas de supervisión y control de procesos de disolución y liquidación de entidades financieras. Posteriormente participé como supervisor
permanente en otros procesos de disolución y liquidación bancaria. Esa experiencia me permitió conocer una realidad que difícilmente se olvida: cuando una institución llega a esa instancia, detrás de los expedientes y los balances hay personas, empresas y familias viviendo incertidumbre.
Han pasado casi treinta años. Paraguay cambió y nuestro sistema financiero también. Sería equivocado afirmar que simplemente estamos repitiendo la historia.
Pero precisamente porque ha pasado tanto tiempo considero legítimo preguntarnos: ¿qué aprendimos
realmente de aquella crisis y qué deberíamos aprender ahora?
No estamos en los 90, pero algunas preguntas sobreviven.
La crisis que solemos recordar por los acontecimientos de 1997 no comenzó ese año. Documentos del Banco Central del Paraguay correspondientes a 1996 ya hacían referencia a dificultades en el sistema
financiero iniciadas desde mediados de 1995 y mencionaban problemas de administración y gerenciamiento, gestión de créditos y evaluación de riesgos en algunas instituciones.
Aquella experiencia fue tremendamente costosa, pero dejó reformas. Años después, el propio Banco Central del Paraguay, al revisar ese periodo junto con expresidentes de la institución, destacó que la crisis impulsó la Ley de Bancos 861/96 y contribuyó al ordenamiento y fortalecimiento posterior del sistema.
El escenario actual es distinto. El Banco Central del Paraguay informó que inició el procedimiento de resolución de UENO BANK después de constatar una insuficiencia en su índice de solvencia inferior al
50 % del mínimo requerido y señaló que se trataba de una situación particular, no de una condición generalizada del sistema financiero.
Tenemos además instrumentos que surgieron del aprendizaje institucional de años posteriores. Uno de ellos es el Fondo de Garantía de Depósitos, establecido por la Ley Nº 2334/03 como un régimen explícito y limitado destinado a proteger parcialmente los depósitos en las condiciones establecidas por la legislación.
Por tanto, Paraguay aprendió.
La cuestión es si debemos conformarnos con haber desarrollado mejores herramientas para administrar las consecuencias de una crisis o avanzar hacia algo mucho más difícil: detectarla antes de que alcance
ese punto.
La mejor supervisión es la que procura llegar antes.
Algo me quedó especialmente grabado de aquellos años: cuando comienza una disolución, liquidación o
resolución, una parte importante del problema ya ocurrió.
Entonces corresponde proteger los activos, aplicar la ley, atender la situación de los depositantes e investigar las responsabilidades que eventualmente correspondan. Pero para un país que aspira a fortalecer sus instituciones existe una pregunta anterior:
¿Cuándo comenzaron a aparecer las señales?
No planteo esto para prejuzgar responsabilidades en el caso actual. Eso debe determinarse donde corresponde y con las garantías correspondientes. Lo planteo porque la supervisión moderna necesita ser cada vez más anticipatoria.
No alcanza con observar un indicador. Hay que comprender qué existe detrás de él: calidad efectiva de los activos, concentración del riesgo, operaciones vinculadas, liquidez, solvencia, gobierno corporativo
y capacidad real de recuperación de los créditos.
La tecnología financiera cambió extraordinariamente desde los años noventa. Podemos mover dinero desde un teléfono en segundos y acceder a servicios bancarios que entonces parecían impensables.
Pero hay principios que no cambiaron.
Un banco continúa necesitando solvencia, liquidez, buena administración, adecuada gestión del riesgo y
confianza.
La banca puede ser digital. La prudencia financiera no pasa de moda.
El dinero público exige una responsabilidad mayor.
La crisis actual también vuelve necesaria una discusión que Paraguay venía teniendo antes de que UENO BANK entrara en resolución: la concentración de fondos públicos.
El 7 de agosto de 2026, la Cámara de Diputados del Paraguay informó sobre la presentación de un proyecto de ley destinado a establecer límites prudenciales a la concentración de recursos del Instituto de
Previsión Social y del sector público en las entidades financieras. La iniciativa buscaba reducir los riesgos derivados de una concentración excesiva y promover principios de prudencia, transparencia y adecuada gestión del riesgo.
Por las mismas fechas, una publicación basada en información del Ministerio de Economía y Finanzas señalaba que cuatro bancos concentraban el 71,1 % de los depósitos públicos reportados.
Esto demuestra que la preocupación no nació después de la crisis.
Y nos lleva a una pregunta que cualquier ciudadano puede comprender.
Supongamos que una institución pública concentra el 40 % de sus disponibilidades financieras en un solo banco. No afirmo que ese porcentaje constituya por sí mismo una ilegalidad. Eso dependerá del régimen aplicable y de las circunstancias concretas.
Pero como ciudadano quisiera saber por qué.
¿Qué análisis de riesgo justificó esa concentración? ¿Qué alternativas existían? ¿Quién tomó la decisión?
¿Qué representaba esa suma frente al patrimonio y capacidad financiera de la institución receptora?
¿Hubo un informe técnico? ¿Existieron controles posteriores?
No son preguntas partidarias. Son preguntas de buena administración.
El administrador público no maneja su propio dinero. Administra recursos que pertenecen a ciudadanos, trabajadores y contribuyentes.
Por eso sostengo un principio que deberíamos incorporar definitivamente a nuestra cultura institucional:
en la administración del patrimonio público no alcanza con demostrar que una operación estaba permitida; también debemos poder demostrar que era prudente realizarla.
Legalidad, prudencia, diversificación y trazabilidad deberían caminar juntas.
Y esta discusión nos obliga a mirar también hacia nuestra propia banca pública.
El Banco Nacional de Fomento tiene, por mandato de su Carta Orgánica, el objeto de promover el desarrollo económico y social del Paraguay, priorizando proyectos de fomento vinculados con la agricultura,
ganadería, silvicultura, industria y comercio de productos nacionales. Además, su normativa establece
que los depósitos que acepta están íntegramente garantizados por el Estado paraguayo.
Si vamos a discutir una política prudencial para la colocación de recursos públicos, deberíamos preguntarnos seriamente qué papel queremos asignarle al Banco Nacional de Fomento.
A mi criterio, una participación importante de esos recursos debería canalizarse hacia la banca
pública, naturalmente dentro de criterios de diversificación, solvencia, transparencia y gestión profesional del riesgo. No tendría sentido reemplazar una concentración riesgosa en el sector privado por otra
concentración automática en el sector público.
Pero tampoco parece razonable desaprovechar una institución del propio Estado cuya razón de ser es precisamente el fomento del desarrollo.
Eso exige una contrapartida.
El Banco Nacional de Fomento debe adecuarse plenamente a las necesidades del ciudadano y de las empresas de hoy: tecnología, servicios digitales, agilidad, buena atención, gestión profesional, procesos
eficientes y productos adecuados a una economía que cambió enormemente. El banco actualmente dispone de banca web, cuentas, tarjetas, préstamos y diferentes soluciones financieras, por lo que esa modernización ya forma parte de su actividad.
Pero hay algo que, en mi opinión, no debería modernizarse hasta desaparecer: su razón de ser.
El Banco Nacional de Fomento no debería aspirar simplemente a comportarse como otro banco comercial propiedad del Estado.
Su nombre importa.
Es un banco de fomento.
Su propia evolución normativa refleja históricamente una orientación hacia agricultores, pequeños productores y pequeños industriales, y posteriormente incorporó expresamente entre sus funciones el crédito
a pequeñas y medianas empresas.
Paraguay necesita una banca pública moderna y financieramente sólida, pero también necesita que esa banca contribuya a que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan producir, incorporar tecnología, crecer y generar empleo.
Fomento no significa crédito político.
Tampoco significa prestar sin evaluar capacidad de pago.
Fomentar significa utilizar responsablemente el crédito como instrumento de desarrollo.
Ahí veo una oportunidad concreta: recursos públicos administrados con prudencia y transparencia; una
banca pública fortalecida y eficiente; y parte de esa capacidad financiera convertida, bajo criterios técnicos, en mayor financiamiento productivo y oportunidades para las MIPYMES.
De cuidar el dinero público a aprender a cuidar el nuestro
Pero ninguna reforma será suficiente si toda la responsabilidad queda depositada en los bancos, supervisores o administradores públicos.
Hay una lección más profunda detrás de estas crisis: la prudencia financiera también debe convertirse
en conocimiento ciudadano.
Si exigimos que quien administra los recursos públicos comprenda la diversificación, mida el riesgo y justifique dónde coloca el dinero de todos, debemos procurar que el ciudadano comprenda esos mismos
principios cuando toma decisiones sobre su propio patrimonio.
Ahí es donde la educación financiera deja de ser un tema accesorio y pasa a formar parte de la solución.
Durante mucho tiempo entendimos educación financiera como aprender a ahorrar, utilizar correctamente una tarjeta o comprender cuánto cuesta un préstamo. Es importante, pero necesitamos avanzar mucho
más.
Un joven paraguayo debería terminar el colegio sabiendo qué significa diversificar; qué diferencia existe entre liquidez y solvencia; por qué concentrar todo el ahorro en un mismo lugar aumenta la exposición; qué es el Fondo de Garantía de Depósitos y cuáles son sus límites; y por qué rentabilidad y riesgo deben analizarse conjuntamente.
No queremos convertir a cada estudiante en economista. Queremos prepararlo para la vida.
Porque ese estudiante mañana cobrará su primer salario. Puede convertirse en emprendedor, cooperativista, empresario, ahorrista o aportante al sistema previsional. Y alguno será funcionario, intendente,
legislador o administrador de recursos pertenecientes a miles de personas.
La educación financiera es, por eso, mucho más que aprender sobre dinero.
Es también educación ciudadana.
Un ciudadano informado no reemplaza al Banco Central del Paraguay, al auditor ni a ningún órgano de
control. Cada uno debe cumplir su responsabilidad.
Pero ese ciudadano puede hacer algo extraordinariamente importante en una democracia: preguntar.
¿Dónde está mi dinero?
¿Quién lo administra?
¿Qué riesgo se asumió?
¿Por qué se escogió esa alternativa?
¿Quién tomó la decisión?
¿Quién controla?
Una sociedad que aprende a formular esas preguntas también obliga a sus instituciones a estar mejor
preparadas para responderlas.
Paraguay ya cuenta con una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 2026-2031, elaborada con participación de instituciones públicas, entidades financieras, gremios, academia y organizaciones de la sociedad civil. La oportunidad está en profundizar ese camino y conseguir que la educación financiera
ocupe un espacio cada vez más relevante desde la escuela.
Aprender para no volver a administrar consecuencias
Después de casi treinta años de aquella experiencia profesional en la Superintendencia de Bancos, no
creo que Paraguay siga siendo el país de la crisis financiera de los noventa.
Hemos avanzado.
Fortalecimos instituciones, desarrollamos legislación y contamos con mecanismos de resolución y protección que antes no existían con la actual configuración. El Fondo de Garantía de Depósitos es una
expresión concreta de ese aprendizaje y tiene entre sus objetivos proteger parcialmente el ahorro y ayudar
a evitar el contagio derivado de la caída de una entidad.
Precisamente porque avanzamos, tenemos derecho a exigirnos más.
Lo ocurrido con UENO BANK deberá investigarse hasta donde corresponda, determinarse las responsabilidades que eventualmente existan y extraerse las conclusiones institucionales necesarias.
Pero el aprendizaje nacional no debería terminar en un expediente.
Tenemos una oportunidad para revisar la supervisión preventiva, establecer mejores criterios de administración y diversificación de recursos públicos, fortalecer y recuperar el carácter estratégico del Banco
Nacional de Fomento e incorporar la educación financiera como parte de la formación ciudadana.
Después de tantos años trabajando en el sector público y en temas de planificación, estoy cada vez más
convencido de algo: un Estado funciona mejor cuando aprende a llegar antes que los problemas.
En 1997 me tocó trabajar sobre algunas de las consecuencias de una crisis que ya había estallado.
Casi treinta años después, quisiera que la lección fuese otra: que construyamos instituciones y una ciudadanía capaz de reconocer los riesgos antes de tener que administrar nuevamente sus consecuencias.
No escribo esto para generar desconfianza en el sistema financiero.
Todo lo contrario.
La confianza es uno de sus principales activos. Pero la confianza madura no consiste en cerrar los ojos y
esperar que todo funcione.
Se construye con información, instituciones fuertes, supervisión efectiva, administradores responsables
y ciudadanos educados financieramente.
Desde Hablando de Realidades, por eso, quiero dejar una pregunta que ya no está dirigida solamente a
banqueros, economistas, cooperativistas o autoridades. Está dirigida a todos los paraguayos:
¿Vamos a esperar a la próxima crisis para volver a discutir estos temas, o seremos capaces esta vez
de convertir la experiencia en prevención, educación y mejores decisiones?
Porque recordar una crisis sirve de poco si solo nos ayuda a explicar el pasado.
¡La verdadera lección consiste en utilizarla para construir un futuro mejor!

Mag. Aníbal Lovera Talavera
OPSIS Consultores Asociados
Planificador Prospectivista – Consultor
Redactor invitado, Multimedia RS